“A nosotros no nos sacó la guerra. Nosotros nos quedamos acá en las veredas, nos quedamos aún con el miedo a que nos mataran los paras, o el ejército, o cuando se enfrentaban a la guerrilla. Vuelvo y lo digo, a nosotros no nos sacó la guerra, pero sí nos va a sacar la empresa esa que hace Hidroituango y las otras que vienen por las minas. (Líder campesino de San Andrés de Cuerquia.” 2016)

Este estudio, es un aporte de la Corporación Jurídica Libertad a la construcción de la memoria histórica y lucha contra la impunidad sobre los crímenes cometidos por los grupos paramilitares y agentes del Estado que, de manera individual o conjunta, han actuado contra la población civil, líderes sociales, defensores de derechos humanos y opositores políticos en los doce municipios de estudio, actualmente afectados por la construcción de la hidroeléctrica Hidroituango.

Este trabajo también es una forma de insistir en la necesidad de que la Comisión de la Verdad, que se conformará a raíz de los acuerdos entre las FARC- EP y el Estado Colombiano, investigue las causas, responsables y efectos de más de 50 años de conflicto político, social y armado desde una perspectiva amplia, donde se evidencie cómo la estrategia de la guerra ha favorecido los intereses económicos de sectores dominantes a nivel nacional e internacional.

La relación extractivismo – graves violaciones a los derechos humanos es un binomio permanente en los países donde se lleva a cabo la expoliación de bienes comunes; el desarrollo de infraestructura vial, energética y de comunicaciones a través de Megaproyectos que atienden principalmente las demandas internacionales, afecta a los habitantes de los países que soportan tal expropiación y transformación de los territorios. En Colombia, el desarrollo del modelo extractivista está marcado por el conflicto político, social y armado que se ha extendido por más de 50 años. La guerra ha sido una estrategia para despojar a las comunidades de sus tierras, y para establecer un orden totalizante que reprime la movilización por la garantía de los derechos y por cambios estructurales en el modelo de desarrollo. En el caso de las regiones Norte y Occidente, donde se construye la represa más grande de Colombia, se han presentado graves violaciones a los derechos humanos entre 1990 y 2016.

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