El Estado colombiano, las autoridades departamentales y locales, deben implementar de manera urgente planes fuertes de prevención con enfoques especiales para las poblaciones sobre las cuales se establecen niveles de riesgo.

De manera estructural deben fortalecerse las rutas de prevención y protección hacia las personas defensoras de derechos humanos y las poblaciones en riesgo descritas en esta alerta.

Todas las instituciones del Estado a quienes competen las labores de inteligencia y contrainteligencia, deben detectar y contrarrestar cualquier situación riesgo que ocurra en la ciudad.

El Estado colombiano y las demás autoridades, deben brindar todas las garantías a la labor de las y los defensores de los derechos humanos y otros sectores sociales y políticos sobre los cuales se concentran los diferentes riesgos.

El Estado colombiano debe establecer suficientes mecanismos para la detección y depuración interna por agentes estatales que pudieran generar cualquier riesgo para las personas y las instituciones por posibles nexos, alianzas u otras.

Los espacios de diálogo entre el Estado colombiano y las organizaciones de la sociedad civil deben fortalecer el diálogo y la toma de decisiones estructurales en la Mesa Territorial de Garantías MTG sobre las recomendaciones realizadas hacia la protección y prevención de hechos violentos a personas que defienden los derechos humanos.