Los vacíos dejados por el Estado colombiano y el incumplimiento del Acuerdo de Paz con las Farc-Ep, intensificaron el avance y la presencia de grupos paramilitares, grupos guerrilleros y de disidencias que buscan controlar una zona completamente estratégica, con amplios corredores hacia el Bajo Cauca, Sur de Bolívar, Magdalena Medio, Norte de Antioquia, Valle de Aburrá, Oriente de Antioquia, y desde estos sitios, hacia otras zonas del país.

Además, esta zona ofrece una riqueza en recursos naturales como el oro que determinan dinámicas económicas legales e ilegales, unos de los principales factores que influyen en las constantes disputas territoriales dejando a su paso es la disputa por la extracción de minerales preciosos que dejan más víctimas de la población civil.

El Gobierno colombiano sigue faltando a su compromiso de brindar garantías de seguridad y de no repetición de la violencia ocasionada por la acción u omisión de las funciones constitucionales de ejercer el control territorial y el uso exclusivo de las armas, por ese motivo la reincidencia de la violencia continua produciendo agresiones a personas defensoras de derechos humanos, desplazamientos forzados, despojo de tierras, contaminación del medio ambiente, masacres, homicidios selectivos, enfrentamientos armados con interposición de civiles, accidentes de minas antipersonales, entre otros.

El incumplimiento generalizado a campesinos y campesinas vinculados al Programa Nacional de Sustitución Voluntaria de Uso Ilícito PNIS y los Proyectos de Desarrollo con Enfoque Territorial prometidos a estas comunidades ha suscitado la resiembra de cultivos de uso ilícito.