En este informe se realiza un diagnóstico de la crisis humanitaria de 2019 en la subregión del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, con el propósito de visibilizar las afectaciones que está ha generado a las y los habitantes. Se llama la atención sobre la responsabilidad del Estado, a quien se exige que cumpla con su labor de garante, que implemente el Acuerdo de Paz y que adopte medidas integrales para garantizar la labor de las y los defensores de derechos humanos.
El Acuerdo de Paz pactado el 24 de noviembre de 2016 entre el Estado colombiano y la antigua insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo en siglas FARC-EP además de la instauración de la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional – ELN, significó para diferentes sectores sociales y políticos una posibilidad para la transición política a la paz, después de más de medio siglo de conflicto armado. Sin embargo, el panorama de incumplimiento de los acuerdos, el recrudecimiento de la guerra en muchos territorios y el cierre de la mesa de negociación con el ELN, ha demostrado que aún el Estado y máxime, el gobierno actual, se niegan a llevar a cabo una transición ágil, pacífica y consensuada del conflicto.
Estas dificultades son el resultado de una disputa sostenida por sectores económicos y políticos que, por un lado, mantienen intereses estratégicos sobre los territorios, en mayor medida los anteriormente ocupados por las FARC-EP, y, por otro lado, se niegan al esclarecimiento de la verdad sobre la vinculación del Estado y terceros civiles con hechos enmarcados en el conflicto armado. Ambos elementos ponen en el foco de la violencia a líderes y lideresas que defienden los territorios, principalmente rurales, de intereses extractivistas, y que impulsan la participación comunitaria para la defensa de los acuerdos de paz y la defensa de las garantías allí definidas para el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades.
